La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, hizo tres anuncios, uno de ellos relacionado a las acciones implementadas para garantizar el servicio de energía eléctrica para los próximos meses de sequía.
Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno de Daniel Noboa, hizo tres anuncios en materia este 16 de junio de 2025 desde el Palacio de Carondelet, en Quito.
Los anuncios se relacionan a temas de energía, tributos y prevención de la corrupción.
Gobierno proyecta estiaje sin apagones
«El servicio de energía eléctrica está garantizado en el país», afirmó Jaramillo. Esta garantía se basa en dos asuntos:
- El plan desarrollado para enfrentar el estiaje o sequía.
- Acciones estratégicas tomadas apra modernizar el Sistema Nacional de Transmisión.
Jaramillo explicó que este año se incorporan 979,5 Megavatios (MW) de energía firme (energía que no depende del clima) al Sistema Nacional de Transmisión.
Para el 2026, el Gobierno prevé la inclusión de 403 MW y para el 2027, 600 MW. Todo eso suma un total acumulado de 1982,5 MW.
«Asegurada la energía a corto plazo, también trabajamos en la calidad del Sistema Nacional de Transmisión, algo que ningún otro Gobierno lo hizo antes. Esto es clave porque los beneficios son múltiples», dijo la vocera, por ejemplo:
- Tener soberanía energética.
- Mejorar la calidad del servicio.
- Tener interconexión con Perú.
Mostró dos gráficos para evidenciar la planificación. Mencionó que hay un potencial identificado en proyectos de 13.132 MW y todavía un potencial por explorar que alcanza los 36.200 MW.
Jaramillo aseguró que debido a las acciones estratégicas y planificadas del Gobierno, «hoy nos permiten decir que tenemos energía eléctrica garantizada en el Ecuador, no solo a corto plazo, a mediano y a largo plazo».
Control masivo a utilidades
Jaramillo dijo que el Gobierno ha decidido aplicar un control masivo a las utilidades que se generan en la compra y venta de acciones y se hará a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Dijo que esta acción no tiene precedentes ya que antes no se había fiscalizado el Impuesto a la Renta Único (IRU) sobre la utilidad en la compra y venta de acciones.
Jaramillo dijo que 300 contribuyentes han declarado voluntariamente, reportando aproximadamente un promedio de $30 millones anuales, pero se ha detectado un universo potencial de 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación. «Este tipo de actuaciones está dirigida a atacar conductas defraudatorias de quienes ocultan el valor real de sus acciones», resaltó la vocera.
La funcionaria ejemplificó un caso sin dar nombres: “Una empresa muy rentable de telecomunicaciones, el hijo transfirió a su padre las acciones por un precio 80% menor al precio real, pagó por el valor de las acciones $58. Esto generó un perjuicio a las arcas del Estado en al menos $6.6 millones. Es una empresa muy conocida y muy rentable de telecomunicaciones”.
“Me estoy refiriendo a todas las empresas que defraudan al Estado ecuatoriano”, remarcó la vocera.
Funcionarios para la prevención de la corrupción
Jaramillo apuntó que el Gobierno implementará la figura de Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) para prevenir la corrupción.
Este proceso progresivo lo ejecuta la Secretaría de Integridad Pública desde el 2 de junio, con la implementación de los RIC en 35 entidades priorizadas del Estado ecuatoriano.
«Nunca se designó especialistas dentro de la Función Ejecutiva para cumplir la misión de prevención la corrupción, lamentablemente la visión siempre fue reactiva, la presencia de responsables garantizará la institucionalización de la normativa, promover la transparencia y generar una cultura de integridad a la interna de las entidades», indicó la vocera.
